Hace algunos meses uno de los más reconocidos e influyentes periodistas
en España, Jordi Évole, hacía una entrevista a Julian Assange, el fundador de
WikiLeaks, y este explicaba que “Los
gobiernos utilizan la ley de Transparencia como coartada”. Comentaba que cuando
en el Reino Unido pedían esta información bajo esta ley, se horrorizaban de que
existieran. Pero cuando se supo más acerca de su existencia, había quienes,
descubrían la forma de esquivar la ley con excepciones.
El Gobierno de España, era la excepción a esta ley de Transparencia,
hasta el pasado jueves 28 de noviembre, que La
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, quedaba definitivamente aprobada en el
Congreso de los diputados.
Sin embargo, como hemos visto reiteradas veces con las últimas
infiltraciones llevadas a cabo por Edward J. Snowden, el ex analista de inteligencia
estadounidense, que la transparencia puede jugar a dos bandas: por un lado, una
nación puede ser ingobernable si toda su política es transparente. Eso puede ser un gran peligro, por ejemplo, en el caso de los programas de vigilancia de
un gobierno. Pero por otro, lo positivo que sería si todo gobierno es transparente
en cuanto a su política de trabajo y su forma de administrar el sistema público.
Eso acabaría con toda trama de corrupción existente con el dinero público.
Pero ahora sabemos
que todo orden político abusa de los ciudadanos y su intimidad. Buscan la
manera de hacer que todo sea clasificado y esconder lo verdaderamente público. No
hace falta demostrar nada, como para saber que todo sistema nos vigila desde los momentos más íntimos y personales,
vía móvil, a nuestro paso por el
ciberespacio.
Hace falta más que
una ley de transparencia para que creamos que contribuirá de forma determinante
a restaurar la confianza en las instituciones y la mejora de calidad de nuestra
democracia. Que dicha ley no sea únicamente para determinados sectores, sino
para todo el orden público.